Las objeciones a la legitimidad en el reciente proceso electoral en Venezuela son crecientes. Y lo referido genera varios impactos. Uno de ellos, en el Mercosur.
Venezuela ingresó como miembro pleno al Mercosur en julio de 2006, en una ceremonia celebrada durante una reunión extraordinaria del bloque en la que se le dio oficialmente la bienvenida al entonces presidente Hugo Chávez. En ese acto (en el Teatro Teresa Carreño de Caracas) participaron los presidentes de la Argentina, Néstor Kirchner; de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva; de Uruguay, Tabaré Vázquez; de Paraguay, Nicanor Duarte Frutos; y también el presidente de Bolivia, Evo Morales, invitado especialmente al encuentro.
Sin embargo en 2017 el bloque suspendió institucionalmente a Venezuela por tiempo indefinido (exigiéndosele -ya en ese momento- que restaure la democracia de inmediato). Así, el 4 de agosto de 2017, el entonces Canciller de Brasil, Aloysio Nunes, anunció en San Pable que los fundadores del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), decidían aplicar la “cláusula democrática”. Esa norma surge del Protocolo de Ushuaia, que prevé la imposición de sanciones -incluso de tipo económico y comercial- a los países en los que se rompa el marco democrático. En ese momento, Nunes argumentó que se trataba de una “suspensión de naturaleza política, por consenso, y una sanción grave contra Venezuela”.
Por ende, puede decirse que las objeciones al sistema político venezolano no son nuevas. Y, conforme las noticias que hemos recibido ahora y desde el domingo, es esperable que Venezuela continúe suspendida en el bloque.
Aunque estas referidas desventuras venezolanas no han ocurrido en el vacío. En simultáneo con lo relativo al Mercosur, la performance de Venezuela en lo transcurrido del siglo XXI en los negocios internacionales en general ha sido pésima: en 2000 Venezuela exportaba más que la Argentina (casi duplicaba a Chile y más que duplicaba a Colombia) y era el segundo mayor exportador sudamericano; pero hoy es el apenas el octavo exportador regional, superado por Brasil, Chile, Argentina, Colombia, Paraguay, Ecuador y Perú (y también por México, Costa Rica y Panamá). Y, en materia de inversión extranjera, Venezuela es el único país que ha reducido su stock: en 2000 contaba con US$35.489 millones y en 2023 suma US$26.585 millones (tenía el tercer mayor stock en Sudamérica en 2000 mientras tiene hoy el séptimo).
La influencia del régimen político en la economía en el vecino caribeño ha generado muy malos resultados; y, a la vez, también ha sido crítica en la relación bilateral con la Argentina.
Efectivamente, las exportaciones argentinas a Venezuela -que eran escasas en los primeros años del siglo XXI- crecieron durante en los primeros años del siglo de modo sostenido, pasando de US$140 millones en 2003 a US$1175 millones en 2007 y elevándose hasta US$2230 millones en 2013 (componiéndose en ese entonces -principalmente- de productos lácteos, aceite de soja, carnes de ave, maíz y vehículos), momento a partir del cual comenzaron a descender (fueron de US$705 millones en 2016) hasta llegar a los escasos US$260 millones en 2023. Venezuela había llegado a ser el quinto destino para las exportaciones argentinas hace un decenio mientras hoy es apenas está en el número 50. Las importaciones argentinas directas desde Venezuela, mientras, fueron siempre muy bajas.
Así, hoy, lamentablemente, las circunstancias políticas no hacen prever un retorno de Venezuela al ejercicio de su membresía en el bloque, ni a una más intensa relación bilateral con Argentina.
El autor es especialista en negocios internacionales, presidente del Comité argentino y miembro del board mundial de la International Chamber of Commerce (ICC)
