Hace exactamente una semana, Venezuela celebró una elección presidencial cuyo resultado es incierto: ante la auto-atribución del triunfo por el dictador Nicolás Maduro sin aportar ninguna prueba (avalado por el Consejo Nacional Electoral, un órgano teóricamente autónomo, cuya decisión fue refrendada por el Tribunal Supremo de Justicia), el candidato opositor Edmundo González respondió con la propuesta de publicar el 80% de las actas de escrutinio, las que arrojarían números demoledores a favor de la victoria opositora. Ante este estado de cosas, solo queda una solución: contrastar públicamente las actas, unas contra otras, de cada una de las 30.026 mesas de votación, frente a algún juez imparcial. Lo que es increíble en esta elección, cuya operación en tres actos diferentes fue notablemente bien explicada por el portal de Euronews y de la BBC), es que el órgano regulador de las elecciones no sintió, ni ha sentido ninguna obligación para publicar las actas, refugiándose en el tecnicismo de que aun no vence el plazo legal para hacerlo. ¿Cómo no ver que no hay plazo legal que valga ante tamaña crisis política?
