LA PLATA (Reuters).- El obrero argentino Pablo Vázquez terminaba su día de trabajo colocando vías para una línea de tren cerca de La Plata, en las afueras de Buenos Aires, cuando los capataces reunieron a una docena de miembros de su equipo para darles malas noticias. Todos los trabajadores estaban despedidos. En un galpón en la entrada del sitio, los gerentes dijeron que el proyecto había sido congelado como resultado de la campaña del nuevo presidente libertario Javier Milei, quien asumió el cargo en diciembre, contra las obras de construcción financiadas con fondos públicos.

La historia de Vázquez se está repitiendo en la Argentina desde que Milei, un economista de derecha, llegó al poder prometiendo usar la “motosierra” con el gasto excesivo del Estado, al que culpa de la peor crisis económica del país en décadas. Solo en la construcción, se han eliminado decenas de miles de puestos de trabajo.

Es un cambio y una apuesta importante por parte de Milei en un país donde la protección de los empleos ha sido primordial bajo gobiernos peronistas de centroizquierda durante años, a pesar de los bajos salarios y la alta inflación. Milei quiere recortar el gasto para borrar el déficit fiscal, y relajar las protecciones laborales para estimular la inversión. Sin embargo, la iniciativa corre el riesgo de provocar ira en las calles, algo que Milei ha evitado hasta ahora, a pesar de su campaña de austeridad, ayudado por una red de seguridad aún sólida para trabajadores como Vázquez.

El malestar social es una de las mayores amenazas a las duras reformas de Milei. ”Este hombre también se tiene que dar cuenta de las cosas que vienen pasando. Hay mucha gente desocupada. Se nota que hay hambre en todo el país”, dijo Vázquez, de 48 años, en la mesa de su cocina en el barrio obrero de Florencio Varela, rodeado de trofeos de fútbol y fotografías familiares.

Vázquez contó que nunca había estado sin empleo por más de un mes en los 28 años que lleva trabajando en el sector ferroviario. Se levantó la remera para mostrar el tatuaje de un tren de vapor que lleva en su estómago, en honor al trabajo de su vida construyendo vías. Ahora está luchando. Milei ha detenido la mayoría de las obras de infraestructura pública en todo el país sudamericano, lo que ayudó a mejorar las finanzas del Estado, pero afectó la actividad de construcción, que se desplomó un 42% en marzo, según datos oficiales.

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Al menos 50.000 trabajadores de la construcción perdieron sus empleos entre noviembre y febrero, y los organismos de la industria dicen que ahora podrían estar rondando los 100.000. ”Sabíamos que si ganaba este Gobierno iba a pasar eso. Lo primero que hicieron fue no invertir plata en obras civiles”, dijo Vázquez, quien no votó por Milei. “Pero no pensamos que era tanto, tan de repente. De un día para el otro, sin previo aviso”. La familia ha eliminado de la lista de compras pequeños lujos, como yogurt y galletas. El mes pasado Vázquez no pudo pagar el seguro de su automóvil. Se las arregla con $200.000 (US$226) de subsidio de desempleo mensual y el dinero del sindicato de la construcción, pero eso solo le funcionará hasta junio, aseguró.

”Mi hijo va a cumplir dos años y, si soy sincero, no tengo para comprar una torta de cumpleaños ni adornos”, dijo, y añadió que había considerado pedir un préstamo con intereses altos para comprar un pastel, pero decidió no tomar el riesgo.

El mercado ha colapsado

La caída de la actividad económica y la construcción en la Argentina casi no tiene precedentes, ya que está a la par de las profundidades de la pandemia del Covid-19, cuando el Gobierno cerró gran parte de la economía para detener la propagación del virus. ”El mercado básicamente se ha derrumbado”, dijo Javier Gimeno, director ejecutivo de la firma francesa de materiales de construcción Saint-Gobain en Latinoamérica, en un evento en Buenos Aires, y agregó que, si bien apoyaba las reformas pro-mercado de Milei, la industria se encuentra en una situación difícil. ”La pregunta es si esta caída es algo que va a durar algunos meses y luego nos vamos a recuperar rápidamente, o si esta caída va a volverse estructural”.

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Los economistas dijeron que la paralización de las obras públicas era una parte clave del reequilibrio del gasto estatal, pero que conllevaba un alto coste para la economía y los trabajadores. ”La caída de construcción por freno en obra pública, junto con otros recortes de gasto público, buscan eliminar el déficit fiscal para, junto con la estabilidad cambiaria, bajar la inflación”, dijo Fernando Marengo, economista jefe de la firma de inversión BlackTORO Global en Buenos Aires. “El gobierno está haciendo un plan de estabilización”.

En una respuesta escrita a Reuters, la Secretaría de Obras Públicas dijo que había auditado más de 2700 proyectos, algunos de los cuales serían descartados, y otros, transferidos al control provincial o municipal. Señaló retrasos y sobrecostos que hacían “inviable su ejecución o reinicio”. Añadió que daría prioridad a determinadas obras, incluida la construcción de prisiones federales, proyectos de seguridad vial, control de inundaciones o mantenimiento de sistemas clave como el . Dijo que hubo un diálogo constructivo con los sindicatos y los líderes de la industria.

Mientras tanto, la pérdida de empleos está aumentando. De los 2417 proyectos que recibieron fondos públicos a finales del año pasado, en febrero solo 300 seguían siendo financiados, según datos oficiales. La construcción representa alrededor del 10% del empleo total. ”Estamos perdiendo alrededor de 10.000 puestos de trabajo al mes”, contó a Reuters Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco). “Esperamos que las reactivaciones ocurran en la brevedad”.

No hay trabajo real

En la estancada obra del ferrocarril de La Plata, las malezas han crecido a través de las vigas metálicas donde 60 trabajadores alguna vez soldaron rieles y colocaron plataformas de piedra. En lugar de trabajo técnico, el ingeniero Agustín Pécora, de 33 años, se ha encargado de proteger contra robos la maquinaria inactiva y los materiales de construcción, mientras los trabajadores esperan una respuesta sobre el futuro del proyecto.

Cada mañana, Pécora dijo que recibe una catarata de mensajes de WhatsApp de antiguos colegas sentados en casa desesperados por saber cuándo se podría reanudar el trabajo. ”Tal vez algunos han encontrado algún trabajo ocasional, algún trabajo informal pintando, limpiando el jardín de un vecino. Pero no hay trabajo real”, dijo a Reuters en el lugar de la parada del ferrocarril.

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Los recortes de financiación a la infraestructura ya están afectando a las pequeñas y medianas empresas a lo largo de las cadenas de suministro de la construcción. Reuters habló con fabricantes de asfalto, productores de cemento y empresas que alquilan maquinaria pesada, y dijeron que el negocio se había derrumbado en los últimos meses.

El empresario Pablo Quantin, que dirige la constructora Vial Agro —con sede en Buenos Aires— y trabajaba en el proyecto ferroviario de La Plata, dijo que se había visto obligado a despedir a 600 de sus 1000 empleados en lo que va del año, porque casi todos los 24 proyectos de obras públicas de la empresa fueron detenidos. ”De golpe, nos apagaron las luces, los contratos no funcionan, los pagos no se realizan”, sostuvo Quantin.

Para evitar una insolvencia absoluta, las empresas han optado primero por reducir el personal, pero el organismo industrial Camarco advirtió que la supervivencia de las empresas dependía de que el Estado pagara los trabajos ya realizados y elaborara un plan para proteger los empleos en el futuro. Milei, que ha cerrado o degradado ministerios como los de Transporte o de Obras Públicas para reducir costos, presentó repetidamente al sector privado como una solución para el problema, pero Camarco consideró que no puede reemplazar la inversión estatal.

Mientras tanto, en las afueras de Buenos Aires, Vázquez dijo que necesitaría solicitar una extensión financiera del sindicato de la construcción para pasar el invierno, aunque no estaba seguro, dada la cantidad de trabajadores que pedían lo mismo. En las tiendas locales, los precios también están aumentando rápidamente, con una inflación mensual cercana al 10% a pesar de su reciente desaceleración, y una tasa anual del 290%, y el Gobierno se ha comprometido a aumentar también los precios de los servicios públicos después de años de fuertes descuentos a través de subsidios. ”Si sigue así voy a tener que vender el auto, que me costó mucho comprar”, dijo Vázquez. “Ésta es nuestra realidad”.

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