Los diputados de las diferentes fracciones de oposición arremetieron este miércoles contra la nueva “Ley Jaguar”, el proyecto con el que el gobierno de Rodrigo Chaves insistirá en un referendo.

Lo hicieron en medio del debate reglado sobre la propuesta original, enterrada luego de que la Sala IV declarara cuatro de sus nueve artículos (los únicos que revisó) inconstitucionales.

“Hemos estado distraídos en un proyecto con nombre de animal, que en realidad tuvo que haberse llamado ley distractor y que ahora nos traen una ley distractor dos.

“Porque el Gobierno, en lugar de atender otras prioridades como el aumento de feminicidios o el rezago en la educación, nos distrae con una ley con nombre de animal depredador y oportunista”, criticó la socialcristiana Vanessa Castro.

Junto a ella, llenaron de críticas la iniciativa los representantes del PLN, PLP y Frente Amplio.

“Me parece sorpresivo y aventurero correr a presentar una iniciativa sin conocer la integralidad de la sentencia (de la propuesta original). Estos actos desvirtúan el propósito de la legislación y socavan la confianza de la institucionalidad, induciendo a los costarricenses al error; por ejemplo, manifestando que lo que la Sala no señaló como inconstitucional es porque está bien.

“Señores, no insulten la inteligencia de la ciudadanía”, cuestionó el verdiblanco Óscar Izquierdo.

Precisamente, la interpretación del Poder Ejecutivo es que los cinco artículos de la propuesta previa que la Sala no verificó son constitucionales, por el simple hecho de que no hubo un pronunciamiento al respecto, siendo lo correcto que el Tribunal Supremo de Elecciones solo consultó por cuatro numerales, todos los que la Sala declaró inconstitucionales.

“Ha quedado claro que nosotros no nos prestamos a perder el tiempo y los recursos del pueblo costarricense, pero esta ha sido la única puesta real de este Gobierno y le ha hecho perder el tiempo a esta Asamblea Legislativa y al pueblo costarricense, les ha hecho perder recursos.

“Tienen unas ganas enormes de poder enriquecerse con obras sin control, con contratos a dedo, dándoselos a sus familiares, a sus amigotes, a sus vecinos, a sus financistas, en fin, introducirse en las nuevas fiestas de los privilegios, no están luchando contra esas fiestas, quieren ser los invitados”, aseguró la frenteamplista Rocío Alfaro.

Nueva República, sin embargo, tuvo un discurso diferente al resto de la oposición.

“En Nueva República hemos estado de acuerdo con el uso del referendo. Respetamos la decisión de la Sala, pero por el fondo sí creemos necesaria una revisión de las competencias de la Contraloría General de la República, creemos que es necesario que exista transparencia y controles en el manejo de las finanzas públicas, la labor de fiscalización tiene que ser para combatir la corrupción y la ineficiencia, pero no para ser tropiezo de las decisiones que el pueblo necesita.

“La Contraloría ha confundido su labor de ente contralor, y se ha convertido en una camisa de fuerza a veces”, insistió Fabricio Alvarado.

Al igual que ellos, el oficialismo pidió al Congreso aprobar las reformas propuestas.

“(La nueva propuesta) está más enfocada en una reforma puntual para establecer una legislación ágil para la adquisición, arrendamiento y concesión de derechos de uso de terrenos públicos a terceros. Artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública.

“Estos temas podrían ser atendidos por esta Asamblea Legislativa, pero es posible que estas propuestas de reforma se aprueben en el marco de Asamblea Legislativa, llamado a una reflexión sobre el fondo de las iniciativas y no tanto al juego de poder en torno al nombre y el ambiente de confrontación en el que estamos. Ciudad Gobierno, terminal de cruceros y marina de Limón está por encima de los egos, las disputas y las poses políticas”, finalizó Ada Acuña.

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